Negocios ilegales de ‘mafias’ por control financiero venezolano: se destapa corrupción ante bancos intervenidos

Dos bancos privados intervenidos el pasado 20 de noviembre en Venezuela fueron liquidados, mientras otros dos cerraron sus oficinas al público durante un tiempo, ante las irregularidades detectadas durante la inspección de esas entidades, anunció hoy una fuente oficial.El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció la medida, que incluye la liquidación inmediata de dos de los cuatro bancos, y dijo que se debió a los “daños” detectados durante la inspección de las cuentas de esas entidades.Rodríguez garantizó que en este proceso quedarán protegidos “los derechos de los trabajadores, depositantes y acreedores”.Los cuatro bancos fueron intervenidos inicialmente a “puertas abiertas”, es decir, sin el cierre de sus oficinas y sucursales, pero, tras la decisión de este lunes, la intervención será a “puertas cerradas”, lo que significa que las dependencias de esas instituciones estarán cerradas al público.Rodríguez señaló que el Fondo de Garantías para los Depositantes (Fogade) tiene 21 días hábiles para cubrir los fondos que los clientes de los bancos tenían, de manera que puedan disponer de ellos.La Mesa de la Unidad Democrática exigió al Presidente Hugo Chávez responder por la ola de corrupción que empaña al gobierno y de la cual los cuatro bancos intervenidos días atrás, propiedad de Ricardo Fernández Barrueco, son una muestra. El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, puntualizó que Chávez conoce los hechos y pidió, a nombre de la oposición, parar a “la boliburguesía que mantiene una guerra feroz por el poder” y con complicidad de “bolifuncionarios”.

En una breve alocución nocturna, transmitida en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el ministro de Finanzas reiteró que Fogade garantiza a los ahorristas fondos por hasta 10.000 bolívares (4.651 dólares), en obediencia a la ley vigente.
Sostuvo que en el caso del Banco Pro Vivienda, los depósitos garantizados por la ley bancaria corresponden a 457.000 personas, el 97% de los clientes.
En el caso del Banco Canarias la medida ampara a 268.000 personas, el 92% de la cartera de clientes.
Rodríguez confirmó que los daños financieros detectados en esas instituciones “han comprometido su solvencia”, por lo que serán liquidados de inmediato.
Añadió que en el caso de los bancos Confederado y Bolívar el daño fue menor y se trabajará “para su recuperación”.
Rodríguez aseveró que las autoridades desarrollan una “exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades” en el caso del presunto mal manejo de los cuatro bancos, los cuales “estén donde estén serán localizados” y sometidos a la ley.
Esta “crisis” ha sido “generada en una parte del sector privado (bancario) que busca el enriquecimiento a cualquier precio” y “eso tiene que ser no solo corregido sino severamente castigado”, cuestión que hará el Gobierno, afirmó Rodríguez en la alocución nacional nocturna.
De acuerdo con fuentes bancarias, el porcentaje del mercado bancario que poseen estas cuatro instituciones se sitúa en torno al cinco por ciento.
Entre las “irregularidades recurrentes” detectadas en los bancos intervenidos están el “aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas”.
El 20 de noviembre las autoridades venezolanas detuvieron a Ricardo Fernández Barruecos, principal accionista de los cuatro bancos privados intervenidos.
El 27 de noviembre un tribunal dictó, a petición del Ministerio Público, una medida de prohibición de salida del país contra 16 directivos de los cuatro bancos.
Sin embargo, según la prensa local, la mayoría de los afectados habría huido del país y se habría trasladado inicialmente a la isla caribeña de San Martín.
Por otra parte, el 25 de noviembre fue allanada la Casa de Bolsa U21 por la policía de seguridad del Estado (Disip) a solicitud de la Fiscalía.
Una nota informativa emitida por ese organismo indicó que se “incautó en el lugar evidencias de interés criminalístico para la investigación, relacionadas con las operaciones que habría efectuado la casa de bolsa con empresas vinculadas con Ricardo Fernández Barrueco”.

Backstage de la corrupción

Álvaro Gorrín, el inversionista venezolano que compró al Banco Central Dominicano, la Torre Banninter de la avenida Lope de Vega, y que ahora se denomina Novocentro, era propietario, hasta hace muy poco tiempo, de uno de los bancos intervenidos por el gobierno de Venezuela.Informes recibidos por el informativo de República Dominicana’7dias’ indican que Álvaro Gorrín vendió el Banco Canarias al banquero Ricardo Fernández Barruecos, hoy detenido por la justicia de Venezuela.Gorrín también ha invertido en el sector seguros de la República Dominicana.El viernes pasado, las autoridades monetarias y bancarias de Venezuela intervinieron cuatro bancos privados, luego de encontrar irregularidades que ponían en peligro los depósitos de los ahorrantes.Los bancos intervenidos son Canarias, Confederado, Bolívar y Provivienda (Banpro), un conglomerado financiero que Ricardo Fernández Barrueco fue constituyendo en los dos últimos años, destaca la prensa venezolana.De acuerdo a las autoridades venezolanas de supervisión bancaria, los bancos intervenidos incumplieron el porcentaje mínimo de la cartera de crédito obligatoria que cada entidad debe destinar al financiamiento al sector agrícola.Asimismo, se informa que dichas entidades no cumplieron con un plan regulador para que se recuperaran de los malos indicadores. Esos planes de negocios fueron aprobados por el ente supervisor en el 2008. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Venezuela nunca acataron la orden de incrementar las provisiones para carteras de créditos clasificadas como malas. Los informes indican que el Confederado tenía un faltante de 66 millones de bolívares en provisiones, mientras que el Bolívar no provisionó 67 millones. En el caso del Banco Canarias el faltante era de 141 millones.En Venezuela surgieron en los últimos años varios grupos bancarios nuevos, producto de adquisiciones y fusiones, pues el gobierno tiene prohibido abrir nuevos bancos. Entre esos grupos se cuentan el intervenido de Fernández Barruecos. Fernández adquirió el primer banco mediante venta que le hizo Eligio Cedeño, quien está preso, del Banco Banpro. Este Banpro lo fundó la familia Azpúrea Rodríguez. Sergio Cedeño induce a esa venta que generó conflictos judiciales.El último banco adquirido por Fernández fue el Banco Canarias de Álvaro Gorrín. Se dice que la suma pagada estaba cercana a los 280 millones de dólares.Gorrín es propietario de Seguros Canarias, una de las grandes empresas del ramo en Venezuela. En República Dominicana adquirió una empresa de seguros con la idea de relanzar los planes de negocios, aunque hasta el momento ese despegue no se aprecia.Sus inversiones fuera de Venezuela se han acelerado, como lo hacen muchas otras familias ricas, ante el clima de inseguridad para los negocios con el proceso de estatización que lleva a cabo el presidente Hugo Chávez.

De mendigo a millonario

El banquero venezolano, Ricardo Fernández Barrueco, apresado la semana pasada en Caracas por no poder demostrar claramente el origen de los fondos para la compra de dos bancos y una empresa de telecomunicaciones, tendría grandes inversiones en Panamá.

Ricardo Fernández Barrueco hasta hace unas semanas era considerado uno de los hombres más cercanos al presidente venezolano Hugo Chávez. Hijo de un inmigrante español, empezó sus actividades empresariales a comienzos de los años 90, en el negocio marítimo y de comercio. Durante la huelga de PDVSA en 2002, la suerte le sonrió cuando astutamente colocó su flota de camiones al servicio del gobierno, gesto que Chávez le agradeció con múltiples favores, entre ellos la adjudicación de un contrato para abastecer la red Mercal, una especie de “Compita” a gran escala. Entonces su fortuna e influencia se dispararon. Su capital, auditado por KPMG a 31 de diciembre de 2005, era de $1.600 millones y controlaba 41 empresas de servicios, agricultura, agroindustria, pesca, productos forestales y transporte marítimo. Sin embargo, un giro repentino —atribuido a la pugna por el poder económico entre las distintas vertientes chavistas— lo puso en la mira de las autoridades venezolanas, que lo detuvieron acusado de irregularidades en la compra de los bancos Canarias, Bolívar, Banpro y Confederado
Una investigación publicada por el periódico venezolano Últimas Noticias señala que Fernández Barrueco tiene registradas en Panamá al menos “16 empresas de los sectores aéreo, inmobiliario, alimentos, astilleros y pesca”. Su hermano Felipe sería el representante legal de otras 11 firmas y Gustavo, el hermano menor, sería dignatario de otras dos empresas, también registradas en Panamá.
Dentro de las empresas panameñas de los Fernández Barrueco figuran el Astillero Braswell, comprado en el año 2006 por 8 millones de dólares, compra no refrendada entonces por la Contraloría General de la República.
Durante los últimos años, al menos tres grandes bufetes panameños habrían mantenido relaciones comerciales con Fernández. Fuentes consultadas por La Estrella mencionaron las firmas Morgan & Morgan, Robles & Robles e Infante, Pérez y Almillano como representantes de Fernández Barrueco en diferentes asuntos legales, entre ellos negocios relacionados con litigios ante el Estado panameño y el registro de embarcaciones. Las firmas, no confirmaron a La Estrella su vinculación, pero tampoco la negaron.

¿Aportes a las campañas?

La periodista venezolana Patricia Poleo, en el diario El Nuevo País publicó que Fernández habría contribuido con importantes sumas de dinero a la campaña presidencial de la candidata del PRD Balbina Herrera. Consultada por esta redacción, la ex candidata negó tajantemente la versión y aseguró no haber recibido financiación del extranjero. “Mi campaña costó $5.4 millones, información corroborada por el Tribunal Electoral. ¿A quién le habrán dado ese dinero?”.
Según la periodista Poleo, el antiguo jefe de escoltas de la familia Fernández Barrueco, Luis Castro, habría filtrado “a agentes federales destacados en Panamá, datos de la financiación a la campaña de Balbina Herrera en ese país, además del aporte que los hermanos Fernández Barrueco habrían hecho a candidatos en otros países de Centroamérica”.

Oposición denuncia corrupción bancaria entre mafias del chavismo

La Mesa de la Unidad Democrática exigió al Presidente Hugo Chávez responder por la ola de corrupción que empaña al gobierno y de la cual los cuatro bancos intervenidos días atrás, propiedad de Ricardo Fernández Barrueco, son una muestra. El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, puntualizó que Chávez conoce los hechos y pidió, a nombre de la oposición, parar a “la boliburguesía que mantiene una guerra feroz por el poder” y con complicidad de “bolifuncionarios” entre ellos: el presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez; al tesorero Alejandro Andrade; a Arne Chacón Escamillo y los empresarios Pedro Torres Ciliberto; Diego Salazar; Omar Farías Luces; George Kabboul; Leopoldo Castillo Bozo y dos de sus hermanos, así como Roy Ellis y Oswaldo Baldó Samsó.
Según Ramos Allup, los negocios ilegales datan de abril de 2002 e implican relaciones con el gobierno mediante acciones rápidas y lucrativas: licencias, divisas, seguros, bancos papeles del Estado, tráfico de influencias e importación de suministros; con el aval de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros. Recomendó al ministro Jorge Giordani como la persona “honesta” para realizar una investigación para el Presidente. Aseveró que los implicados migraron de una vida modesta a la opulencia. Resaltó Ramos que los Bancos Canarias, Banpro, Bolívar y Confederado se compraron con dinero del Estado.

“Los primeros 100 depositantes en esos bancos son del Estado y los 100 primeros deudores, Ricardo Fernández Barrueco y sus empresas”, aseveró Ramos, y también habló de la fortuna de Fernández (más de 50 empresas), quien habría usado sus influencias para paralizar investigaciones en su contra. Dijo el dirigente adeco que en el Banco Canarias hay Bs.F 9 mil 800 millones en dinero depositado por el Estado. Ramos destacó que Alejandro Andrade realiza supuestas operaciones sin reportar a los ministros, lo cual le ha permitido la venta y compra de bonos “a dedo” y la inyección de dinero a bancos pequeños. La oposición señaló al ministro Ramírez de intervenir en adjudicación de fondos de la industria petrolera.
Acusan a Chacón y Torres, propietarios de Baninvest, Central Banco Universal y Banco Real, así como socios de aseguradoras (Premier, La Previsora) de realizar operaciones sin justificar los fondos; al igual que los hermanos Castillo Bozo, actualmente investigados por delitos financieros, quienes en representación de Banvalor manejaron una póliza de 750 millones de bolívares anuales en el Ministerio de Educación durante la gestión de Aristóbulo Istúriz.
“En el plano de las adjudicaciones y la compra express de aseguradoras” también se habrían lucrado, según Ramos, Omar Farías Luces (Seguros Constitución en Pdvsa y las pólizas de la alcaldía de Libertador, así como la gobernación de Carabobo bajo gestión de Acosta Carlés). Igual ocurre con Diego Salazar y Baldo Samsó, quien dispuso de $ 7 mil 500 millones de Pdvsa en casas de bolsa.
De su lado, Rodrigo Cabezas, dirigente del Psuv, dijo que la tolda roja respalda las medidas gubernamentales a los bancos intervenidos. Abogó por los derechos de los ahorristas y pidió no angustiarse por rumores sobre procesos a otros bancos.
Las declaraciones de Henry Ramos Allup contra el gobierno fueron respaldadas por representantes de todos los partidos políticos y organizaciones que hacen vida en el cónclave opositor. Ramos denunció el crecimiento de la institución del “barraganato”.

Nueva sanción de Conatel para Globovisión por incitación al golpe de estado

El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció que Conatel abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Globovisión, por haber llamado presuntamente a un golpe de estado a través de un mensaje de texto en un programa de televisión. Anunció también que continuará la acción de cierre contra otras 29 emisoras de radio. “Se dio la primera acción y seguimos adelante, tenemos otro lote de emisoras que ya hemos revisado”.Manifestó que la oposición no habla de libertad de expresión sino de “represión”, y defienden no los derechos humanos sino “despechos humanos” y conminó a la oposición a seguir ‘ladrando’

La apertura de Conatel de un procedimiento administrativo sancionatorio porque según Cabello, Globovisión sacó un cintillo de mensajes telefónicos donde llaman supuestamente al golpe de estado y al magnicidio.
“Si usted llama al golpe de estado, si usted llama al magnicidio asuma su responsabilidad”, agregó.
También anunció que 29 emisoras de radio saldrán del aire “dentro de poco”
Catalogó como una “actitud de inherencia” la manifestación convocada en contra del Presidente Chávez, además dijo que los medios de comunicación y periódicos de la “oligarquía” habían hecho el ridículo al mostrar imágenes de iniciativa mundial.

Caracas, Venezuela-No Más Chávez

Hizo llamado al presidente de Colombia Álvaro Uribe “No lo vas a lograr, no vas a lograr que Venezuela y Colombia peleen por tu actitud guerrerista” señaló

Entre tanto, Cabello felicitó al General Benavides Torres y a la Guardia Nacional Bolivariana, pues a su juicio “han salido en defensa del pueblo”.

Policía toma fotos de los marchistas a la Fiscalia

Por otra parte, en contacto telefónico desde Irán el Presidente Chávez, felicitó al pueblo por seguir derrotando la “conspiración” en contra de la patria.
Más temprano, durante la concentración oficialista en Catia, el Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello dijo que continuará la acción de cierre contra emisoras de radio. “Se dio la primera acción y seguimos adelante, tenemos otro lote de emisoras que ya hemos revisado” agregó.“No tenemos miedo, seguimos adelante. Cada emisora tiene su expediente” señaló.
Además, instó a las 33 radioemisoras cerradas a que sigan trasmitiendo por internet, pues ellos (el Gobierno Nacional) no tiene absolutamente nada en contra.

Manifestó que la oposición no habla de libertad de expresión sino de “represión”, y defienden no los derechos humanos sino “despechos humanos” porque el pueblo les esta pasando factura.

“La mayor garante de supervivencia es que Chávez siga donde esta (…)no tienen liderazgo, son un saco de gatos de la cuarta” expresó.
En referencia a las movilizaciones de este viernes denominada “no más Chávez”, Cabello aseveró que las gráficas “dan es pena”, y resaltó que lo positivo de la iniciativa es que Chávez se dio a conocer.

Chile

Sobre la marcha de oposición que se desarrolló este sábado, expresó “que ellos ladren, tienen derecho a ladrar, somos un peligro para ellos, porque impulsamos valores socialistas y no capitalista”.

Los perros no sólo ladran sino que protestan

Marcha opositora hacia la Fiscalía en defensa de sus derechos cívicos

“Sigan metiéndose con el pueblo que recibirán una respuesta contundente” aseveró Cabello.

Gráficas No Más Chávez-Facebook y GBastidas

Fiscalia impone en Venezuela ‘toque de queda’ a la protesta ciudadana

*”Quien ejerce un derecho no comete delito alguno”, así lo consagra la Constitución de 1999 donde el derecho a la protesta, no está penalizado como quiere hacerlo ahora la Fiscal General, la misma que presentó ante la AN el fállido proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos.Incluso, la dirigente de bases sociales Lina Ron, detenida en la DIM no cree en ese ‘rasgar de vestiduras’ de la Fiscal a quien acusó recientemente de estar involucrada en actos para propiciar un golpe de estado

La fiscal general Luisa Ortega Díaz advirtió el viernes que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personan que alteren el orden público y acusó a la oposición de marchar por cualquier motivo con la intención de desestabilizar el gobierno del presidente Hugo Chávez

Ortega Díaz, citada en un comunicado por el Ministerio Público, anunció que la Fiscalía “no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el gobierno… vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no solo de los autores materiales” de los hechos violentos, “sino también de los intelectuales” de las protestas.
Afirmó que algunas personas buscan “cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar”.
La fiscal general indicó que los adversarios del presidente Chávez se exponen a condenas entre 12 y 24 años de prisión, al considerar que su conducta “encaja perfectamente en el delito de rebelión civil”, indicó el escrito.
“Entonces estás conductas pudiesen estar encuadradas perfectamente en el tipo penal. Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias”, agregó.
La advertencia de la fiscal se produjo en momentos que 11 trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas, que fueron detenidos el miércoles, fueron privados de su libertad por un tribunal local, acusados de alterar el orden público, resistencia a la autoridad y de provocar lesiones a un agente de la policía que fue sorprendido vestido de civil, tomando fotos a los manifestantes.
Los trabajadores de la alcaldía marchaban rumbo al Tribunal Supremo en protesta por la reciente aprobación de una ley que despojó de la mayoría de sus atribuciones, dependencias y presupuesto al alcalde democráticamente electo, el opositor Antonio Ledezma.
Un tribunal local ordenó la reclusión de los trabajadores en una sobrepoblada prisión capitalina, escenario frecuente de protestas y choques entre los reclusos.
“Son muy lamentables las amenazas de la fiscal, lo que este gobierno tiene planteado es un toque de queda no declarado”, dijo Ledezma a la prensa.
“Frente a esto tenemos que actuar bajo mucha determinación. Están planeando el funeral de la democracia”, acotó.
En la capital y otras principales ciudades del país también se han registrado en semanas recientes protestas esporádicas en rechazo a una polémica nueva ley de educación, que sus críticos temen podría conducir al adoctrinamiento en las escuelas y que erosiona la autonomía de las universidades.
El prefecto de Caracas, el dirigente opositor, Richard Blanco, quien fue detenido esta semana en relación con las protestas, también permanece detenido.
El abogado del prefecto Blanco, Alberto Arteaga, señaló que “el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución consagran de manera clara el derecho hacer juzgado en libertad”.
“Como decimos permanentemente en las clases, quien ejerce un derecho no comete delito alguno”, enfatizó el abogado y académico, al referir que la Constitución de 1999 consagra el derecho a la protesta.

Quién es Luisa Ortega Díaz?

La abogada Luisa Ortega Díaz, actualmente Fiscal General, fue la que solicitó la detención del dirigente empresarial, Carlos Férnandez y del líder sindical, Carlos Ortega cuando estuvo al frente de la Fiscalía 6º con competencia nacional plena para la época del paro petrolero, a solicitud del Juez 34 de control en ese entonces, Mikael Moreno (2003). Antes de este cargo se desempeñó como consultora jurídica del canal del Estado, Venezolana de Televisión, durante la gestión de Mary Pili Hernández, reconocida líder del partido de gobierno. Además, estuvo asociada con el bufete privado de Isaías Rodríguez, entonces Fiscal General de la República, ahora Embajador de Venezuela ante España e intimo amigo del presidente Chávez.
En su currículo profesional, la fiscal Ortega Díaz refleja que su área de especialización no es el Derecho Penal. Sin embargo, actuó en un procedimiento penal, el cual fue solicitado directamente por el jefe de Estado, quien aseguró haber ordenado la captura de sus opositores como Carlos Ortega, ex presidente de la CTV y Carlos Fernández ex presidente de Fedecámaras

Lina Ron denuncia complicidad de Luisa Ortega Díaz en plan de golpe de Estado

Pero otra rubia, la dirigente de las bases populares no ve con buenos ojos el vuelo que está tomando la Fiscal General tratando de imponer medidas punitivas- y de corte policial al estilo Fouché -,a la sociedad venezolana, bajo la excusa de la desestabilización.
La presidenta de Unidad Popular Venezolana, Lina Ron, quien lleva varios días detenida en la Dirección de Inteligencia Militar, denunció con ‘nombre y apellido’ a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien acusó de “estár vinculada en actos de complicidad para propiciar un golpe de Estado en Venezuela”. La denuncia la hizo a diputados de la Comisión de Política Interior, durante una visita que éstos dispensaron a la dirigente en su sitio de reclusión.

El vicepresidente de UPV y diputado de la Comisión de Finanzas, Henry Hernández, fue testigo de la denuncia que hizo Ron a los parlamentarios: “La camarada Lina le solicitó a la Comisión que sirviera de intermediaria ante la directiva de la Asamblea Nacional y ante el Presidente de la República, donde ella denuncia públicamente a la fiscal general de la República (Luisa Ortega Díaz), de estar vinculada en actos de complicidad para propiciar una desestabilización y un golpe de Estado en Venezuela”.
Hernández añadió que Ron “le solicitó encarecidamente a la Comisión, que tal como ella lo estaba diciendo, lo estaba señalando, lo hicieran de conocimiento a estas instancias”.
Opinó que “la posición se está radicalizando porque ya se introducen otros elementos adicionales a las causas que originalmente motivaron la privación de libertad de la camarada Lina Ron”.
Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior y miembro del grupo que asistió a la DIM, confirmó la inconformidad que manifestó Ron por la actuación de la fiscal.
Al preguntársele sobre la denuncia contra Ortega Díaz, Jiménez respondió: “Conversamos con ella y entre las cosas que nos manifestó estuvo su inconformidad con la actuación de la fiscal. En la DIM tiene buen trato. Cumplimos la misión que nos encargó la comisión. La de ver en qué condiciones se encontraba la camarada”.
Ron arremetió contra la sede de Globovisión con un grupo de aproximadamente 35 motorizados que portaban banderas de UPV y boínas rojas.
Dentro de las instalaciones, Ron y sus acompañantes lanzaron bombas lacrimógenas y amenazaron al personal, según las imágenes que mostraron las cámaras de seguridad y denuncias que hicieron empleados del canal.
Por otra parte, la mesa de la unidad democrática de la oposición reunida de emergencia ha reaccionado ante las aseveraciones de la Fiscal General de la República, de penalizar toda protesta.El dirigente nacional de Acción Democrática,Henry Ramos Allup en calidad de vocero de la oposición dijo a Globovisión, canal independiente venezolano,lo siguiente:

Oposición venezolana no se rinde ante el gobierno de Chávez: continuará protestando la Ley de Educación

Sectores de oposición en Venezuela, sostuvieron en rueda de prensa que tendrán previstas más acciones de protesta contra la Ley Orgánica de Educación y rechazaron categóricamente las acusaciones del Gobierno de ser culpables de la violencia en la marcha de ayer. Advirtieron que “si meten preso al dirigente, Oscar Pérez, también tendrán que hacerlo con todos los que convocaron a la manifestación”.

El alcalde Mayor, Antonio Ledezma responsabilizó al ministro El Aissami de “dar instrucciones contra el pueblo venezolano”.
“El primer día de clases será una clase por la libertad y la democracia venezolana”, expresó que alcalde Mayor, Antonio Ledezma, recalcando que no permitirá que se impongan “estas leyes inconstitucionales”.
Sin embargo, manifestó que se mantiene la invitación al Gobierno Nacional a ir al diálogo .
Por otro lado, Nancy Hernández, representante de la Federación Nacional de Padres y Representantes, resaltó que “esta Asamblea Nacional se ha hecho oídos sordos”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Sánchez dijo “no sentirse enguayabados, ni frustrados porque a diferencia de la propuesta del Alto Gobierno, nuestra acción no es acción de muerte sino de vida, es una acción de multitudinaria fuerza
“Los derrotados son otros y los violentos son otros, esta movilización para defender la Educación queda para las páginas de la historia, y las imágenes de Venezuela para el mundo significan que el Pueblo se movilizó para la defensa de una educación libre y democrática”, expresó Sánchez.

GráficasGBastidas

Estudiantes y oposición venezolana se declaran en desacato contra la Ley de Educación

*Sectores políticos y estudiantiles de la oposición venezolana se declararon hoy “en desacato” frente a la polémica Ley Orgánica de Educación, aprobada esta madrugada por el Parlamento oficialista, y anunciaron que recogerán firmas para someterla a un referendo que impida su aplicación

También convocaron a una “gran marcha hasta las puertas de la Asamblea Nacional” para el próximo “sábado 22 de agosto”, en el marco de una serie de actividades de calle que incluye asambleas en plazas de Caracas para tratar “este asalto a la Constitución”.

“Nos declaramos en rebeldía, en resistencia civil contra esta ley (…) vamos a pedir que se convoque un referendo” para que sea el pueblo el que decida si desea que se aplique o no, declaró el líder del partido opositor Ismael García, en una rueda de prensa conjunta con otros partidos y dirigentes estudiantiles antichavistas.
En ese mismo sentido, se pronunció previamente el presidente de la Cámara de la educación privada, Octavio Delamo, quien anunció que activará los mecanismos legales y constitucionales, entre ellos un referendo, contra la Ley de Educación.
García es uno de los miembros de la minoritaria bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN) que anoche abandonó el debate en el que se aprobó la norma educativa, debido a su carácter “inconstitucional” y porque se “violaron los procedimientos” legislativos correspondientes.
“Estamos dispuestos a dar el todo por el todo para que se defienda la democracia”, añadió García este viernes, cuando expresó su esperanza de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le cierre las puertas a la nueva iniciativa opositora de activar un referendo.
“Vamos a pedir que se convoque un referendo de esta ley después que recojamos las firmas (…) si se nos negara (en el CNE) esta posibilidad de (pedir un referendo), pues colocaríamos una cuarta urna en las plazas de Venezuela para que el pueblo se pronuncie”, añadió el diputado, en alusión al caso de Honduras.

Anoche, García ya había señalado que impulsaría la recolección de firmas para proponer un “referendo abrogatorio” en contra de la ley aprobada y que el Gobierno defiende como un instrumento para avanzar en la instauración del socialismo del siglo XXI.
El artículo 74 de la Constitución vigente señala que “serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuera solicitada por iniciativa por un número no menor del 10 por ciento de los electores o electoras inscritos en el registro civil y electoral”.

Entre los artículos de la nueva ley que han generado mayor polémica se encuentra el 50, que en el apartado doce establece que “quienes dirijan medios de comunicación social están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución y en la presente ley”.

“Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población”.
Ante la violación de esa norma, “los órganos rectores en materia educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”.
Una manifestación pacífica en contra de ese artículo, por considerar que atenta contra el libre ejercicio del periodismo, dejó este jueves como resultado doce periodistas heridos a manos de supuestos afectos al Gobierno.

Los opositores también critican el apartado de la ley que señala que “el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórica”, por considerar que vulnera la autonomía universitaria.
El artículo referido a que “el estado docente es la expresión rectora del Estado venezolano en la educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés”, también ha generado el rechazo de la comunidad.

gráficas GBastidas-Venezuela

Venezuela protesta en la calle cierre de emisoras de radio: de 240 ya han sido apagadas 34 en todo el país

El gobierno del presidente Hugo Chávez acordó el cierre de 34 radiodifusoras a las que le retiró la concesión por incumplir la normativa.
Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, dijo que aprobó la “extinción” de la concesión de 34 emisoras privadas por el fallecimiento del titular de la licencia de transmisión, la renuncia del anterior titular, el vencimiento del permiso de operación, y la declaración de improcedencia del cambio de propiedad de la licencia.
“Ellos (los propietarios de las radios) tienen que apagar los transmisores una vez que es notificado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”, agregó el ministro.
Cabello defendió la decisión alegando que el gobierno actuó “estrictamente apegado a la ley”.
“Nadie ha presentado un argumento que vamos contra lo que está establecido en la ley orgánica de telecomunicaciones porque ellos saben que nosotros estamos cumpliendo estrictamente lo que está en la ley”, añadió Cabello.
Representantes de diversos sindicatos venezolanos aseguraron que promoverán masivas movilizaciones para mostrar su descontento con lo que ellos llaman “un atentado a la información y a las libertades”.
“El cierre de las emisoras es un golpe para el pueblo. ¿Dónde podrá la gente recrearse? ¿Dónde haremos nuestras denuncias? No podemos seguir permitiendo esto”, dijo Pablo Pérez, gobernador del estado de Zulia. “Cuando los gobernantes no permitimos que el pueblo se exprese, por algo será”, agregó.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, también se unió a un buen grupo de personas reunidas frente a una de las radios clausuradas, para denunciar “el acto irresponsable de Chávez”.
“Espero que el señor (Miguel) Insulza nos esté viendo, que vea que no estábamos exagerando cuando le dijimos en su despacho que las libertades en Venezuela están amenazadas”, dijo Ledezma, refiriéndose al secretario general de la Organización de Estados Americanos, con quien sostuvo una reunión en Washington, hace algunas semanas.
Las 34 radios afectadas por la medida forman parte de un grupo de 240 emisoras que serán sometidas a revisión por supuestos incumplimientos de las leyes que regulan el sector, según informaron a inicio de mes las autoridades gubernamentales.

OEA recomienda diálogo de la oposición y el gobierno venezolano

*La Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, recomendó el martes que el Gobierno y la oposición de Venezuela abran un diálogo para suavizar la confrontación política que vive el país sudamericano
*El alcalde mayor de Caracas y dos gobernadores de la oposición se reunieron con Insulza.

La Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, recomendó el martes que el Gobierno y la oposición de Venezuela abran un diálogo para suavizar la confrontación política que vive el país sudamericano.
El alcalde mayor de Caracas y dos gobernadores de la oposición se reunieron con Insulza en la sede principal del organismo en Washington, en un encuentro en el que adelantaron buscaban “demostrar violaciones al sistema democrático” por parte del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
“La OEA no es un suprapoder, es un organismo que respeta la no intervención y que promueve la democracia. Nosotros lo que hacemos, frente a todos estos problemas y dificultades, es decir: por favor ¨Por qué no conversan? (…) ¨Por qué no tratan de llegar a acuerdos?”, dijo Insulza tras el encuentro.
El secretario aclaró que la OEA no puede imponer sanciones o realizar juicios directos a ningún Gobierno por su cuenta y que sus competencias se limitan a tratar de establecer puentes entre las partes en conflicto.
“Estamos transitando peligrosamente de una época en la que la gente decía que la OEA no hacía nada, a un momento en el que piensan que la OEA puede hacerlo todo. No, nosotros no podemos enmendarle la plana a los gobiernos y los parlamentos nacionales”, dijo el funcionario del organismo multilateral.
Los gobernantes regionales aseguran que Chávez viola la Constitución y la Carta Democrática Interamericana al irrespetar el voto popular que los eligió en noviembre, arrebatándoles competencias en salud, educación, deportes y seguridad. Insulza accedió a reunirse con los adversarios de Chávez luego de que el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, cumpliera una huelga de hambre durante cinco días para exigir una intervención del organismo en Venezuela.
El gobernador del estado petrolero del Zulia, Pablo Pérez, dijo durante la audiencia que en “Venezuela el sistema electoral tiene prácticas poco ajustadas a la equidad, no se respetan los Derechos Humanos, ni las libertades fundamentales, y no existe Estado de Derecho”.
Los opositores han criticado la actuación de la OEA en el golpe de estado en Honduras, reclamando para la confrontación política en Venezuela la misma atención que el organismo puso en el conflicto del pequeño país centroamericano.
“Tenemos esperanzas de que la OEA no sea un club de gobiernos amigos que se cuidan las espaldas para eternizarse en el poder, sino una organización en la que se toma en cuenta al pueblo y la expresión popular como elemento fundamental de la democracia”, sentenció Pérez en el encuentro.
Por su parte el funcionario capitalino dijo en días previos que “si la OEA es buena para Zelaya, deberá ser buena para Ledezma”. El de Ledezma se ha convertido en un caso emblemático para los críticos de Chávez, luego de que gran parte de sus atribuciones como alcalde fueran transferidas a una funcionaria nombrada por el presidente sin elecciones y contando con el respaldo del poder legislativo.

Un alcalde contra Chávez: solicita a la OEA intervenir como lo hizo en Honduras

*Actualizado-La huelga de hambre fue suspendida.El secretario General de la OEA, José Miguel Insulza prometió conocer e investigar los argumentos del Alcalde Antonio Ledezma

*Lleva desde el 3 de julio en huelga de hambre y su esposa dice que teme por su salud.El doctor José Antonio Ruiz, miembro del equipo médico de Antonio Ledezma, aseguró que ante las condiciones físicas y su deterioro progresivo, que incluye desequilibrio hidroelectrolítico, trastornos intestinales y de la marcha, sugirieron al alcalde abandonar la huelga.

*El personal médico señaló que de no levantar la huelga, Ledezma podría sufrir lesiones irreversibles. “Sin embargo, la decisión quedará de parte del alcalde”.

*El edil caraqueño y varios de los trabajadores de la Alcaldía mayor se apostaron a las puertas de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, donde emprendieron una huelga de hambre para exigir los pagos de los sueldos y defender la autonomía del Gobierno de la ciudad.
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Agencias de Noticias.-Antonio Ledezma, alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, decidió el pasado viernes dejar de comer para pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la “inestabilidad de la democracia” venezolana.
Ahora, su esposa, Mitzy Capriles, afirma que el mandatario “ya está acusando un debilitamiento muy marcado, con dolores de cabeza y agotamiento”, según dijo a la emisora Globovisión de la red privada de televisión.
El triunfo de Ledezma en las elecciones regionales y locales del pasado 23 de noviembre constituyó una importante victoria para la oposición al presidente Hugo Chávez. No obstante, el primer mandatario anunció en diciembre que crearía la figura de un “jefe de Gobierno del Distrito Capital”, quien sería designado por él mismo y le arrebataría a la alcaldía competencias como la administración de hospitales y las escuelas, el manejo de la seguridad y la recolección de basura.
A toda esta tensión se ha sumado que desde hace un mes, los trabajadores de la alcaldía de Ledezma han dejado de recibir el situado que les corresponde. Más aún, según informó el propio alcalde a Efe, el estado les debe a algunos de ellos hasta ocho meses.
Por esta misma razón, el día 3 de julio el primer edil caraqueño y varios de los trabajadores de la Alcaldía mayor se apostaron a las puertas de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, donde emprendieron una huelga de hambre para exigir los pagos de los sueldos y defender la autonomía del Gobierno de la ciudad.
La situación cobró dramatismo el pasado domingo, cuando Ledezma grabó un vídeo, difundido por la televisión privada de noticias Globovisión, en el cual afirmó que su lucha trasciende el problema salarial, y que reclama el cumplimiento de la constitución “que garantizaría, si se cumpliera, la paz y la convivencia de los venezolanos”. “Estoy defendiendo la participación de los millones de ciudadanos que a favor de una y otra tendencia participaron en el pasado proceso electoral”, agrego. Asimismo, denunció la violación de la carta democrática de la OEA.
La misma tarde del domingo, Jesús Contreras, uno de los trabajadores tuvo que abandonar la huelga de hambre y ser hospitalizado por experimentar problemas de salud. “Él (Chávez) está peleando por un golpe de Estado en Honduras y resulta que le dio un Golpe de Estado a la Alcaldía Mayor del Distrito capital, declaró a Globovisión el empleado.

Reclamo a la OEA

Los simpatizantes del primer edil esperan que la OEA vuelque sus ojos en Venezuela. Según comunicó a la agencia DPA Henry Ramos Allup, secretario general del partido opositor Acción Democrática, la OEA “funciona para unos países sí y otros no”, en referencia a la “extraña prontitud” con que el organismo condenó el golpe de estado ocurrido en Honduras, en contraste con el silencio que el organismo hemisférico guarda ante los “atropellos” que realizaría el Gobierno venezolano.
Ledezma, quien está firmemente resuelto en continuar con la protesta, “ya está acusando un debilitamiento muy marcado, con dolores de cabeza y agotamiento”, según afirmó al ya mencionado canal televisivo la esposa del alcalde Mitzy Capriles. “Tiene afectados los pulmones” y el riñón izquierdo, fruto de una golpiza feroz de la que fue víctima en una de las marchas”, añadió.
Según informó el diario venezolano El Universal, el primer funcionario del municipio ha recibido el apoyo y las visitas de tres de los cuatro alcaldes de Caracas y el respaldo de otro más que se encuentra fuera de la urbe. También acudió el sábado por la noche Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, en el cual se ubica parte de la ciudad.
(DPA-El Universal-Globovisón-ADS)l