La fiscal dice “es mentira” que pretenda criminalizar la protesta en Venezuela

Sin embargo,se solicitará enjuiciamiento a quien altere la paz pública

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, negó que el Ministerio Público pretenda criminalizar las protestas en el país. A su juicio, ese el argumento que utilizan ciertos líderes para que muchos venezolanos sean usados como “carne de cañón” para alterar la paz. Ortega Díaz agregó que en el país no se procesa a nadie solamente por manifestar, generalmente eso ocurre porque cometen delitos. Destacó que la Fiscalía General tampoco puede privar de libertad a nadie. Aseguró que en las recientes actuaciones del Ministerio Público no ha habido exceso ni atropellos a la justicia, “ni estamos persiguiendo a la gente porque proteste”, dijo . Reconoció que el derecho de manifestación es de todos los ciudadanos, y la actuación de su despacho se justifica si se generan hechos de violencia o atentan contra las instituciones del Estado.

* El ex constitucionalista, Hermán Escarrá, conjuntamente con el abogado Rafael Veloz, presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, levantó su voz de protesta este martes ante las recientes declaraciones emitidas por la Fiscal General de la República el sábado 29 de agosto, en la cual señaló que las protestas, la movilización y las marchas en general tendrían un carácter “delictivo”, porque alteran la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad en las instituciones.

En un documento entregado a la prensa denominado Abbattimiento del régimen y criminalización de las garantías democráticas” Hermann Escarrá rechazó la tesis de la fiscal Ortega Díaz de invocar el artículo 143 del Código Penal para señalar que la marcha del 22 de agosto podría verse como “rebelión civil”.
Escarrá consideró que “la afirmación de la titular del Ministerio Público presenta una grave confusión sobre el delito de “rebelión civil” y el “derecho a la protesta”. También llama la atención del abogado la forma en que los poderes públicos, en su “servidumbre”, han actuado contra funcionarios y ciudadanos identificados con la sociedad democrática, a lo cual debe agregarse toda la acción legislativa destinada a la criminalización de las garantías democráticas vinculadas a los presos políticos y de “antojo” del régimen, en particular presos del Presidente de la República.
El constitucionalista recordó que “el Código Penal de Venezuela establece en el artículo 143 lo relativo a la “rebelión civil”, cuyo encuadramiento se encuentra en los llamados delitos contra los poderes nacionales y de los Estados. El tipo delictual tendría como supuesto deponer al Gobierno mediante alzamiento público en actitud hostil, o conspirar o alzarse para cambiar violentamente la Constitución o la promoción de la guerra civil al interior de la República.
De acuerdo al análisis de Escarrá, “esta rebelión está vinculada a la fractura del orden constitucional violenta, referida siempre a la noción de golpe de Estado”. Dejó claro que “no puede hablarse de rebelión civil sino cuando hay actos de violencia armada destinada a deponer al gobierno legítimamente constituido. Por lo tanto, no se puede señalar que la marcha del 22 de agosto perseguía ese objetivo”.

Violación a la Constitución

También el Colegio de Abogados de Caracas denunció a través de un comunicado la violación masiva de la Constitución Nacional por parte de altos funcionarios del Estado venezolano.
La presidenta del gremio en Caracas, Yvett Lugo, expresó su consternación por las posibles y constantes violaciones a la Carta Magna por parte de autoridades supuestas a tutelar el Estado de Derecho y con el fin de reprimir y constreñir a quienes discrepen o tengan una posición política contraria a la del presidente de la República, Hugo Chávez.
La jurista repudió la detención y el encarcelamiento de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y en este punto señaló que “el Gobierno incurrió en la más obscena infracción del principio de legalidad”, por lo que apeló al sexto punto del artículo 49 de la Constitución Nacional para señalar que se establece que “en materia penal, ninguna persona puede ser sancionada sino por acciones u omisiones previstas de manera expresa por la Ley”.
Lugo agregó en el comunicado que “nuestro Código Penal, al tipificar el delito de obstrucción a la vía pública, exige como condición de punibilidad la preparación de ‘peligro de un siniestro’. Sin embargo, el juez que actuó en dicho proceso hizo caso omiso a tal requisito y privó de su libertad a los trabajadores por el solo hecho de haber acudido al Tribunal Supremo de Justicia a gestionar sus derechos y haber ocupado por escasos minutos las vías de acceso a dicha instancia judicial”.
Rafael Veloz, presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, advirtió que el prefecto de Caracas, Richard Blanco, y los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana son expuestos a una “grave situación en lo personal con su reclusión en Yare”. Ellos fueron detenidos cuando iban pacíficamente al TSJ a interponer un amparo constitucional por sus derechos laborales.

Oposición venezolana reclama presencia de CIDH de la OEA en Caracas

La oposición venezolana exhortó al gobierno de Hugo Chávez a permitir una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la “extinción de las garantías constitucionales” y la presunta existencia de numerosos presos políticos. Desde hace seis años la CIDH no puede visitar Venezuela por la negativa rotunda del gobierno.
 La Mesa de Unidad, una coalición opositora, acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas.
La portavoz del grupo, Delsa Solórzano, recordó que Cuba y Venezuela son los “únicos países latinoamericanos que no han podido recibir la visita de esta importante comisión. Solicitamos al secretario general Insulza que agilice los trámites para que la visita sea autorizada, que se le exija con firmeza al presidente Chávez que permita la presencia de la CIDH, que es imprescindible en este momento en que hay un fusilamiento judicial que ha sentenciado la extinción de las garantías constitucionales”.

 La dirigente acusó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y al ministro del Interior, Tareck El Aissami, de atentar contra las normas constitucionales al pretender criminalizar del derecho a la protesta. “Estos funcionarios se han encargado de sentenciar la extinción de las garantías constitucionales al considerar como un delito las marchas y protestas que están permitidas en la Constitución”, recalcó.

La oposición denunció que la policía detuvo sin razones la semana pasada a un grupo de trabajadores de la alcaldía metropolitana cuando realizaban una protesta cerca del Tribunal Supremo de Justicia contra el recorte de ingresos de la municipalidad. Fueron detenidos 11 trabajadores que de inmediato resultaron encarcelados.
 La fiscal general Ortega Díaz justificó la medida advirtiendo que el Estado someterá a juicio los manifestantes que alteren la paz y pretendan “desestabilizar la democracia”.

El sábado, en un comunicado, la Fiscalía General de Venezuela afirmó que quienes manifiesten en las calles podrán ser condenados a entre 12 y 24 años de prisión, bajo las figuras penales de “rebelión civil”. Esto generó la reacción de la oposición, que desafió a la Fiscalía y llamó a una concentración masiva frente a la sede del organismo.