Fiscalia impone en Venezuela ‘toque de queda’ a la protesta ciudadana

*”Quien ejerce un derecho no comete delito alguno”, así lo consagra la Constitución de 1999 donde el derecho a la protesta, no está penalizado como quiere hacerlo ahora la Fiscal General, la misma que presentó ante la AN el fállido proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos.Incluso, la dirigente de bases sociales Lina Ron, detenida en la DIM no cree en ese ‘rasgar de vestiduras’ de la Fiscal a quien acusó recientemente de estar involucrada en actos para propiciar un golpe de estado

La fiscal general Luisa Ortega Díaz advirtió el viernes que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personan que alteren el orden público y acusó a la oposición de marchar por cualquier motivo con la intención de desestabilizar el gobierno del presidente Hugo Chávez

Ortega Díaz, citada en un comunicado por el Ministerio Público, anunció que la Fiscalía “no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el gobierno… vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no solo de los autores materiales” de los hechos violentos, “sino también de los intelectuales” de las protestas.
Afirmó que algunas personas buscan “cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar”.
La fiscal general indicó que los adversarios del presidente Chávez se exponen a condenas entre 12 y 24 años de prisión, al considerar que su conducta “encaja perfectamente en el delito de rebelión civil”, indicó el escrito.
“Entonces estás conductas pudiesen estar encuadradas perfectamente en el tipo penal. Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias”, agregó.
La advertencia de la fiscal se produjo en momentos que 11 trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas, que fueron detenidos el miércoles, fueron privados de su libertad por un tribunal local, acusados de alterar el orden público, resistencia a la autoridad y de provocar lesiones a un agente de la policía que fue sorprendido vestido de civil, tomando fotos a los manifestantes.
Los trabajadores de la alcaldía marchaban rumbo al Tribunal Supremo en protesta por la reciente aprobación de una ley que despojó de la mayoría de sus atribuciones, dependencias y presupuesto al alcalde democráticamente electo, el opositor Antonio Ledezma.
Un tribunal local ordenó la reclusión de los trabajadores en una sobrepoblada prisión capitalina, escenario frecuente de protestas y choques entre los reclusos.
“Son muy lamentables las amenazas de la fiscal, lo que este gobierno tiene planteado es un toque de queda no declarado”, dijo Ledezma a la prensa.
“Frente a esto tenemos que actuar bajo mucha determinación. Están planeando el funeral de la democracia”, acotó.
En la capital y otras principales ciudades del país también se han registrado en semanas recientes protestas esporádicas en rechazo a una polémica nueva ley de educación, que sus críticos temen podría conducir al adoctrinamiento en las escuelas y que erosiona la autonomía de las universidades.
El prefecto de Caracas, el dirigente opositor, Richard Blanco, quien fue detenido esta semana en relación con las protestas, también permanece detenido.
El abogado del prefecto Blanco, Alberto Arteaga, señaló que “el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución consagran de manera clara el derecho hacer juzgado en libertad”.
“Como decimos permanentemente en las clases, quien ejerce un derecho no comete delito alguno”, enfatizó el abogado y académico, al referir que la Constitución de 1999 consagra el derecho a la protesta.

Quién es Luisa Ortega Díaz?

La abogada Luisa Ortega Díaz, actualmente Fiscal General, fue la que solicitó la detención del dirigente empresarial, Carlos Férnandez y del líder sindical, Carlos Ortega cuando estuvo al frente de la Fiscalía 6º con competencia nacional plena para la época del paro petrolero, a solicitud del Juez 34 de control en ese entonces, Mikael Moreno (2003). Antes de este cargo se desempeñó como consultora jurídica del canal del Estado, Venezolana de Televisión, durante la gestión de Mary Pili Hernández, reconocida líder del partido de gobierno. Además, estuvo asociada con el bufete privado de Isaías Rodríguez, entonces Fiscal General de la República, ahora Embajador de Venezuela ante España e intimo amigo del presidente Chávez.
En su currículo profesional, la fiscal Ortega Díaz refleja que su área de especialización no es el Derecho Penal. Sin embargo, actuó en un procedimiento penal, el cual fue solicitado directamente por el jefe de Estado, quien aseguró haber ordenado la captura de sus opositores como Carlos Ortega, ex presidente de la CTV y Carlos Fernández ex presidente de Fedecámaras

Lina Ron denuncia complicidad de Luisa Ortega Díaz en plan de golpe de Estado

Pero otra rubia, la dirigente de las bases populares no ve con buenos ojos el vuelo que está tomando la Fiscal General tratando de imponer medidas punitivas- y de corte policial al estilo Fouché -,a la sociedad venezolana, bajo la excusa de la desestabilización.
La presidenta de Unidad Popular Venezolana, Lina Ron, quien lleva varios días detenida en la Dirección de Inteligencia Militar, denunció con ‘nombre y apellido’ a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien acusó de “estár vinculada en actos de complicidad para propiciar un golpe de Estado en Venezuela”. La denuncia la hizo a diputados de la Comisión de Política Interior, durante una visita que éstos dispensaron a la dirigente en su sitio de reclusión.

El vicepresidente de UPV y diputado de la Comisión de Finanzas, Henry Hernández, fue testigo de la denuncia que hizo Ron a los parlamentarios: “La camarada Lina le solicitó a la Comisión que sirviera de intermediaria ante la directiva de la Asamblea Nacional y ante el Presidente de la República, donde ella denuncia públicamente a la fiscal general de la República (Luisa Ortega Díaz), de estar vinculada en actos de complicidad para propiciar una desestabilización y un golpe de Estado en Venezuela”.
Hernández añadió que Ron “le solicitó encarecidamente a la Comisión, que tal como ella lo estaba diciendo, lo estaba señalando, lo hicieran de conocimiento a estas instancias”.
Opinó que “la posición se está radicalizando porque ya se introducen otros elementos adicionales a las causas que originalmente motivaron la privación de libertad de la camarada Lina Ron”.
Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior y miembro del grupo que asistió a la DIM, confirmó la inconformidad que manifestó Ron por la actuación de la fiscal.
Al preguntársele sobre la denuncia contra Ortega Díaz, Jiménez respondió: “Conversamos con ella y entre las cosas que nos manifestó estuvo su inconformidad con la actuación de la fiscal. En la DIM tiene buen trato. Cumplimos la misión que nos encargó la comisión. La de ver en qué condiciones se encontraba la camarada”.
Ron arremetió contra la sede de Globovisión con un grupo de aproximadamente 35 motorizados que portaban banderas de UPV y boínas rojas.
Dentro de las instalaciones, Ron y sus acompañantes lanzaron bombas lacrimógenas y amenazaron al personal, según las imágenes que mostraron las cámaras de seguridad y denuncias que hicieron empleados del canal.
Por otra parte, la mesa de la unidad democrática de la oposición reunida de emergencia ha reaccionado ante las aseveraciones de la Fiscal General de la República, de penalizar toda protesta.El dirigente nacional de Acción Democrática,Henry Ramos Allup en calidad de vocero de la oposición dijo a Globovisión, canal independiente venezolano,lo siguiente:

Protesta social estigmatizada en Venezuela

Venezuela, en las últimas fechas, se ha convertido en un semillero de protestas pero no sólo de la oposición que clama por su derecho a participar en las decisiones sino la propia gente del chavismo, que cree en la doctrina del Socialismo del Siglo 21.
Ambos sectores han sido reprimidos violentamente y sin consideración por fuerzas policiales, que al mejor estilo de la represión pinochetista no aceptan la protesta como derecho ciudadano.
Las reivindicaciones sociales se han fortalecido a pesar de la represión con los gases, tal como ocurrió con la protesta de la sociedad civil contra la Ley de Educación.

Las protestas por incumplimiento de funcionarios gubernamentales se suceden a diario y en distintos puntos de la ciudad de Caracas y el interior del país, tal como ocurrió en la región andina de Timotes, donde el poblado llegó a ser militarizado.

La fuerza pública que arremetió contra los pobladores dejó varios lesionados que reaccionó poco después protestando con más fuerza en las calles de Timotes.
Una huelga pacífica organizada por habitantes de Timotes, La Venta y Chachopo aldeas productoras, transportistas públicos y de carga pesada, se convirtió en un duro enfrentamiento con bombas lacrimógenas y perdigones con la Guardia Nacional, al no querer levantar el paso vehicular por la zona, ya que exigían la presencia del Gobernador de Mérida ante la ineficiencia al buscar soluciones para mejorar las vías de acceso,concretamente de la carretera trasandina. En todo momento, el alcalde del municipio Miranda, José Olmos, estuvo al frente; sin embargo, los concejales de ese municipio no portaron por el lugar creando descontento de los presentes
Un total de siete heridos y tres detenidos fue el resultado del enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los huelguitas que en su mayoría eran hombres y mujeres que trabajan las tierras, y viven del comercio y el turismo.

En otra actuación de los cuerpos de seguridad, la Policia Metropolitana contuvo violentamente aun grupo de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que marchaban desde la avenida Urdaneta para consignar una solicitud de amparo laboral ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Nuevamente, los efectivos de la PM usaron gases lacrimógenos para dispersar la manifestación, que arrojó un saldo de once empleados detenidos, entre ellos el periodista y director de Información de ese despacho, David Pérez Hansen, ex reportero de RCTV,quien fue llevado en moto policial y ruleteado por distintos sitios de la ciudad, y liberado porteriormente.

Hacia el este de la ciudad de Caracas, los trabajadores jubilados del del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) que protestaron ante la sede del organismo este jueves, “Estamos reclamando el pago de la homologación salarial que decretó el Presidente de la República en el 2.008 y todavía no nos han pagado”, dijo uno de los trabajadores.
En declaraciones ofrecidas a Globovisión, Rafael Pérez destacó que tomaron esta medida de protesta “reclamando el pago del 10% que todavía no nos lo han pagado. Hemos llevado esto con paciencia, con diálogo, lamentablemente no hemos recibido respuesta“.

De esta manera, Pérez hizo un “llamado de angustia” al presidente Hugo Chávez y al ministro Diosdado Cabello.
“Los trabajadores jubilados están enfermos, se están muriendo y no tenemos con qué comprar las medicinas porque el sueldo que tenemos no nos alcanza, las medicinas están muy caras”, dijo.

Unas 30 familias damnificadas protestaron en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Antímano a las 6:30 am en sentido oeste-este, para solicitar a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jackeline Farías, que cumpla con sus promesas de otorgar viviendas.
Los manifestantes aseguraron que se encuentran desde el 21 de noviembre en un refugio en Antímano, ubicado por detrás del Metro, esperando que las autoridades los reubiquen en nuevas viviendas.
A las siete de la mañana un contingente de efectivos de la Policía Metropolitana (PM) llegó al lugar de la protesta y replegaron brutalmente la manifestación , al punto que varias personas resultaron golpeadas.
Los damnificados provenian de los sectores populares de Coche, El Valle y Caricuao, al oeste de la ciudad.

En el centro de Caracas, los guardianes de los alrededores de la Asamblea Nacional detuvieron preventivamente a un individuo que sacó un arma a un transeunte que se atrevió a protestar por su derecho peatonal.El sujeto, un funcionario público, blandió un arma .El carnet le permitió ser liberado, bajo la fuerte protesta de la gente que pedía lo ‘metieran preso’.No le dieron gas del bueno.

En otra medida polémica ordenada por el presidente venezolano Hugo Chávez, la policía detuvo antenoche al prefecto de Caracas, Richard Blanco, y un grupo de empleados durante una manifestación.

La reacción no se hizo esperar y el alcalde denunció una persecución política, mientras que en un comunicado, el titular municipal de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, aseguró que el gobierno de Chávez sostiene “un claro intento de amedrentar al pueblo venezolano”.

Gráficas GBastidas,Megaovario y AP
Canción: Por estas calles
Interprete: Yordano