Negocios ilegales de ‘mafias’ por control financiero venezolano: se destapa corrupción ante bancos intervenidos

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Dos bancos privados intervenidos el pasado 20 de noviembre en Venezuela fueron liquidados, mientras otros dos cerraron sus oficinas al público durante un tiempo, ante las irregularidades detectadas durante la inspección de esas entidades, anunció hoy una fuente oficial.El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció la medida, que incluye la liquidación inmediata de dos de los cuatro bancos, y dijo que se debió a los “daños” detectados durante la inspección de las cuentas de esas entidades.Rodríguez garantizó que en este proceso quedarán protegidos “los derechos de los trabajadores, depositantes y acreedores”.Los cuatro bancos fueron intervenidos inicialmente a “puertas abiertas”, es decir, sin el cierre de sus oficinas y sucursales, pero, tras la decisión de este lunes, la intervención será a “puertas cerradas”, lo que significa que las dependencias de esas instituciones estarán cerradas al público.Rodríguez señaló que el Fondo de Garantías para los Depositantes (Fogade) tiene 21 días hábiles para cubrir los fondos que los clientes de los bancos tenían, de manera que puedan disponer de ellos.La Mesa de la Unidad Democrática exigió al Presidente Hugo Chávez responder por la ola de corrupción que empaña al gobierno y de la cual los cuatro bancos intervenidos días atrás, propiedad de Ricardo Fernández Barrueco, son una muestra. El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, puntualizó que Chávez conoce los hechos y pidió, a nombre de la oposición, parar a “la boliburguesía que mantiene una guerra feroz por el poder” y con complicidad de “bolifuncionarios”.

En una breve alocución nocturna, transmitida en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el ministro de Finanzas reiteró que Fogade garantiza a los ahorristas fondos por hasta 10.000 bolívares (4.651 dólares), en obediencia a la ley vigente.
Sostuvo que en el caso del Banco Pro Vivienda, los depósitos garantizados por la ley bancaria corresponden a 457.000 personas, el 97% de los clientes.
En el caso del Banco Canarias la medida ampara a 268.000 personas, el 92% de la cartera de clientes.
Rodríguez confirmó que los daños financieros detectados en esas instituciones “han comprometido su solvencia”, por lo que serán liquidados de inmediato.
Añadió que en el caso de los bancos Confederado y Bolívar el daño fue menor y se trabajará “para su recuperación”.
Rodríguez aseveró que las autoridades desarrollan una “exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades” en el caso del presunto mal manejo de los cuatro bancos, los cuales “estén donde estén serán localizados” y sometidos a la ley.
Esta “crisis” ha sido “generada en una parte del sector privado (bancario) que busca el enriquecimiento a cualquier precio” y “eso tiene que ser no solo corregido sino severamente castigado”, cuestión que hará el Gobierno, afirmó Rodríguez en la alocución nacional nocturna.
De acuerdo con fuentes bancarias, el porcentaje del mercado bancario que poseen estas cuatro instituciones se sitúa en torno al cinco por ciento.
Entre las “irregularidades recurrentes” detectadas en los bancos intervenidos están el “aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas”.
El 20 de noviembre las autoridades venezolanas detuvieron a Ricardo Fernández Barruecos, principal accionista de los cuatro bancos privados intervenidos.
El 27 de noviembre un tribunal dictó, a petición del Ministerio Público, una medida de prohibición de salida del país contra 16 directivos de los cuatro bancos.
Sin embargo, según la prensa local, la mayoría de los afectados habría huido del país y se habría trasladado inicialmente a la isla caribeña de San Martín.
Por otra parte, el 25 de noviembre fue allanada la Casa de Bolsa U21 por la policía de seguridad del Estado (Disip) a solicitud de la Fiscalía.
Una nota informativa emitida por ese organismo indicó que se “incautó en el lugar evidencias de interés criminalístico para la investigación, relacionadas con las operaciones que habría efectuado la casa de bolsa con empresas vinculadas con Ricardo Fernández Barrueco”.

Backstage de la corrupción

Álvaro Gorrín, el inversionista venezolano que compró al Banco Central Dominicano, la Torre Banninter de la avenida Lope de Vega, y que ahora se denomina Novocentro, era propietario, hasta hace muy poco tiempo, de uno de los bancos intervenidos por el gobierno de Venezuela.Informes recibidos por el informativo de República Dominicana’7dias’ indican que Álvaro Gorrín vendió el Banco Canarias al banquero Ricardo Fernández Barruecos, hoy detenido por la justicia de Venezuela.Gorrín también ha invertido en el sector seguros de la República Dominicana.El viernes pasado, las autoridades monetarias y bancarias de Venezuela intervinieron cuatro bancos privados, luego de encontrar irregularidades que ponían en peligro los depósitos de los ahorrantes.Los bancos intervenidos son Canarias, Confederado, Bolívar y Provivienda (Banpro), un conglomerado financiero que Ricardo Fernández Barrueco fue constituyendo en los dos últimos años, destaca la prensa venezolana.De acuerdo a las autoridades venezolanas de supervisión bancaria, los bancos intervenidos incumplieron el porcentaje mínimo de la cartera de crédito obligatoria que cada entidad debe destinar al financiamiento al sector agrícola.Asimismo, se informa que dichas entidades no cumplieron con un plan regulador para que se recuperaran de los malos indicadores. Esos planes de negocios fueron aprobados por el ente supervisor en el 2008. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Venezuela nunca acataron la orden de incrementar las provisiones para carteras de créditos clasificadas como malas. Los informes indican que el Confederado tenía un faltante de 66 millones de bolívares en provisiones, mientras que el Bolívar no provisionó 67 millones. En el caso del Banco Canarias el faltante era de 141 millones.En Venezuela surgieron en los últimos años varios grupos bancarios nuevos, producto de adquisiciones y fusiones, pues el gobierno tiene prohibido abrir nuevos bancos. Entre esos grupos se cuentan el intervenido de Fernández Barruecos. Fernández adquirió el primer banco mediante venta que le hizo Eligio Cedeño, quien está preso, del Banco Banpro. Este Banpro lo fundó la familia Azpúrea Rodríguez. Sergio Cedeño induce a esa venta que generó conflictos judiciales.El último banco adquirido por Fernández fue el Banco Canarias de Álvaro Gorrín. Se dice que la suma pagada estaba cercana a los 280 millones de dólares.Gorrín es propietario de Seguros Canarias, una de las grandes empresas del ramo en Venezuela. En República Dominicana adquirió una empresa de seguros con la idea de relanzar los planes de negocios, aunque hasta el momento ese despegue no se aprecia.Sus inversiones fuera de Venezuela se han acelerado, como lo hacen muchas otras familias ricas, ante el clima de inseguridad para los negocios con el proceso de estatización que lleva a cabo el presidente Hugo Chávez.

De mendigo a millonario

El banquero venezolano, Ricardo Fernández Barrueco, apresado la semana pasada en Caracas por no poder demostrar claramente el origen de los fondos para la compra de dos bancos y una empresa de telecomunicaciones, tendría grandes inversiones en Panamá.

Ricardo Fernández Barrueco hasta hace unas semanas era considerado uno de los hombres más cercanos al presidente venezolano Hugo Chávez. Hijo de un inmigrante español, empezó sus actividades empresariales a comienzos de los años 90, en el negocio marítimo y de comercio. Durante la huelga de PDVSA en 2002, la suerte le sonrió cuando astutamente colocó su flota de camiones al servicio del gobierno, gesto que Chávez le agradeció con múltiples favores, entre ellos la adjudicación de un contrato para abastecer la red Mercal, una especie de “Compita” a gran escala. Entonces su fortuna e influencia se dispararon. Su capital, auditado por KPMG a 31 de diciembre de 2005, era de $1.600 millones y controlaba 41 empresas de servicios, agricultura, agroindustria, pesca, productos forestales y transporte marítimo. Sin embargo, un giro repentino —atribuido a la pugna por el poder económico entre las distintas vertientes chavistas— lo puso en la mira de las autoridades venezolanas, que lo detuvieron acusado de irregularidades en la compra de los bancos Canarias, Bolívar, Banpro y Confederado
Una investigación publicada por el periódico venezolano Últimas Noticias señala que Fernández Barrueco tiene registradas en Panamá al menos “16 empresas de los sectores aéreo, inmobiliario, alimentos, astilleros y pesca”. Su hermano Felipe sería el representante legal de otras 11 firmas y Gustavo, el hermano menor, sería dignatario de otras dos empresas, también registradas en Panamá.
Dentro de las empresas panameñas de los Fernández Barrueco figuran el Astillero Braswell, comprado en el año 2006 por 8 millones de dólares, compra no refrendada entonces por la Contraloría General de la República.
Durante los últimos años, al menos tres grandes bufetes panameños habrían mantenido relaciones comerciales con Fernández. Fuentes consultadas por La Estrella mencionaron las firmas Morgan & Morgan, Robles & Robles e Infante, Pérez y Almillano como representantes de Fernández Barrueco en diferentes asuntos legales, entre ellos negocios relacionados con litigios ante el Estado panameño y el registro de embarcaciones. Las firmas, no confirmaron a La Estrella su vinculación, pero tampoco la negaron.

¿Aportes a las campañas?

La periodista venezolana Patricia Poleo, en el diario El Nuevo País publicó que Fernández habría contribuido con importantes sumas de dinero a la campaña presidencial de la candidata del PRD Balbina Herrera. Consultada por esta redacción, la ex candidata negó tajantemente la versión y aseguró no haber recibido financiación del extranjero. “Mi campaña costó $5.4 millones, información corroborada por el Tribunal Electoral. ¿A quién le habrán dado ese dinero?”.
Según la periodista Poleo, el antiguo jefe de escoltas de la familia Fernández Barrueco, Luis Castro, habría filtrado “a agentes federales destacados en Panamá, datos de la financiación a la campaña de Balbina Herrera en ese país, además del aporte que los hermanos Fernández Barrueco habrían hecho a candidatos en otros países de Centroamérica”.

Oposición denuncia corrupción bancaria entre mafias del chavismo

La Mesa de la Unidad Democrática exigió al Presidente Hugo Chávez responder por la ola de corrupción que empaña al gobierno y de la cual los cuatro bancos intervenidos días atrás, propiedad de Ricardo Fernández Barrueco, son una muestra. El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, puntualizó que Chávez conoce los hechos y pidió, a nombre de la oposición, parar a “la boliburguesía que mantiene una guerra feroz por el poder” y con complicidad de “bolifuncionarios” entre ellos: el presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez; al tesorero Alejandro Andrade; a Arne Chacón Escamillo y los empresarios Pedro Torres Ciliberto; Diego Salazar; Omar Farías Luces; George Kabboul; Leopoldo Castillo Bozo y dos de sus hermanos, así como Roy Ellis y Oswaldo Baldó Samsó.
Según Ramos Allup, los negocios ilegales datan de abril de 2002 e implican relaciones con el gobierno mediante acciones rápidas y lucrativas: licencias, divisas, seguros, bancos papeles del Estado, tráfico de influencias e importación de suministros; con el aval de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros. Recomendó al ministro Jorge Giordani como la persona “honesta” para realizar una investigación para el Presidente. Aseveró que los implicados migraron de una vida modesta a la opulencia. Resaltó Ramos que los Bancos Canarias, Banpro, Bolívar y Confederado se compraron con dinero del Estado.

“Los primeros 100 depositantes en esos bancos son del Estado y los 100 primeros deudores, Ricardo Fernández Barrueco y sus empresas”, aseveró Ramos, y también habló de la fortuna de Fernández (más de 50 empresas), quien habría usado sus influencias para paralizar investigaciones en su contra. Dijo el dirigente adeco que en el Banco Canarias hay Bs.F 9 mil 800 millones en dinero depositado por el Estado. Ramos destacó que Alejandro Andrade realiza supuestas operaciones sin reportar a los ministros, lo cual le ha permitido la venta y compra de bonos “a dedo” y la inyección de dinero a bancos pequeños. La oposición señaló al ministro Ramírez de intervenir en adjudicación de fondos de la industria petrolera.
Acusan a Chacón y Torres, propietarios de Baninvest, Central Banco Universal y Banco Real, así como socios de aseguradoras (Premier, La Previsora) de realizar operaciones sin justificar los fondos; al igual que los hermanos Castillo Bozo, actualmente investigados por delitos financieros, quienes en representación de Banvalor manejaron una póliza de 750 millones de bolívares anuales en el Ministerio de Educación durante la gestión de Aristóbulo Istúriz.
“En el plano de las adjudicaciones y la compra express de aseguradoras” también se habrían lucrado, según Ramos, Omar Farías Luces (Seguros Constitución en Pdvsa y las pólizas de la alcaldía de Libertador, así como la gobernación de Carabobo bajo gestión de Acosta Carlés). Igual ocurre con Diego Salazar y Baldo Samsó, quien dispuso de $ 7 mil 500 millones de Pdvsa en casas de bolsa.
De su lado, Rodrigo Cabezas, dirigente del Psuv, dijo que la tolda roja respalda las medidas gubernamentales a los bancos intervenidos. Abogó por los derechos de los ahorristas y pidió no angustiarse por rumores sobre procesos a otros bancos.
Las declaraciones de Henry Ramos Allup contra el gobierno fueron respaldadas por representantes de todos los partidos políticos y organizaciones que hacen vida en el cónclave opositor. Ramos denunció el crecimiento de la institución del “barraganato”.


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